Los juristas, que sufrimos también una imagen desprestigiada y denostada, hace años que estamos reivindicando que se invierta en Justicia y que, lejos de hacer reformas parciales y no consensuadas, se haga una verdadera inversión en un sistema judicial suficientemente dotado de medios y que muestre una eficacia real contrastada, siendo necesario también la promoción pública de su imagen y de su necesidad , precisamente para evitar situaciones tan dantescas como la vivida en el municipio de Estepa.

Sin embargo, lo cierto y lo real es que pese a nuestras peticiones, tanto individuales como a nivel institucional, ni el actual gobierno, ni el anterior, cada uno de un signo distinto, ha tenido a bien tomarse el asunto en serio, preparando de forma coordinada con los profesionales intervinientes planes de actuación necesarios, y ello puede traer consecuencias muy serias.

En la Costa del Sol vemos como la necesaria inversión extranjera, ya sea en segundas residencias, ya sea como turistas, está tardando más en llegar por situaciones y determinados procedimientos judiciales que acaparan rotativos y generan desconfianza entre los extranjeros: resolución de contratos de compraventa sobre planos en urbanizaciones ilegales de Marbella (un necesario control judicial a tiempo habría evitado dichas consecuencias), un eterno procedimiento concursal de la entidad Aifos (que impide conocer a los compradores cuando se les entregaran sus inmuebles), procedimientos judiciales por supuestos de corrupción denunciados durante años por la ciudadanía, que se juzgan cuando el daño ya está hecho, etc…

Ahora estamos viendo como los retrasos judiciales y la falta de medios ya no sólo nos dañan en el exterior, costando mucho más dinero y puestos de trabajo de lo que costaría evitar esa situación. Ahora vemos como dicha falta de respuesta eficaz a los problemas ha provocado una de las mas indeseables situaciones que se pueda dar en un estado de derecho, una parte de la población de un pueblo, el de Estepa, incurriendo en delitos de lesiones, daños y coacciones, así como en una realización arbitraria de la justicia o si lo prefieren, “tomándose la justicia por su mano”, bajo la excusa de que Policía y jueces no han hecho nada por evitar una ola de robos, culpando a una familia a la que se ha aplicado un castigo ilegal, sin juicio alguno y sin posibilidad de defenderse. No decimos que no tengan motivos para estar cansados y cabreados, ni que no haya un culpable, lo que lamentamos es que se haya privado a ciudadanos de una tutela judicial y objetiva de sus derechos, tanto de las víctimas de los robos, como los de la familia popularmente condenada.

El problema no es nuevo, viene de lejos y deriva de no haber sabido valorar el riesgo que una falta de medios de la Justicia acarrearía. No estamos valorando en su justa medida la deforestación hasta que hemos visto las consecuencias y no estamos siendo conscientes de cuan grave es la situación que una justicia saturada o una crítica a veces injustificada contra las fuerzas del orden provoca, hasta que los hechos nos lo recuerdan.

La Justicia necesita ser más respetada, rápida y sobre todo eficaz. La gente ha de percibir que hacer las cosas mal tiene consecuencias y que la Justicia, función pública costeada por todos, realmente da soluciones a sus problemas, como de hecho ocurre. El problema es que si un acusado es puesto en libertad y juzgado uno o dos años después de ser denunciado, durante dos años se está transmitiendo una imagen de impunidad irreal. Para cuando el acusado va a la cárcel, ya nadie se acuerda de él, ni casi de lo que hizo. Igualmente si obligamos a alguien asfixiado por los impagos de terceros, a  pagar tasas judiciales y provisiones de fondos para reclamar lo que es suyo, porque se lo deben, y además a soportar años de espera, se le está dando una imagen de falta de tutela de sus derechos que puede llevarle a cometer el gravísimo error de recurrir a la fuerza u otros medios.

España es un estado de derecho, que ha llegado a alcanzar un desarrollo impensable hace sólo 60 años y que no puede “tirarlo por la borda” por algo tan evidente como una Justicia saturada, falta de medios y que desarrolla su función con el auxilio de unos cuerpos policiales injustamente criticados como colectivo, por actuaciones aisladas de unos pocos.

A los ciudadanos se les ha pedido un esfuerzo considerable en estos años de crisis, como el pago de tasas judiciales y depósitos, y lo que no se le puede pedir es que sigan haciendo dichos sacrificios sin obtener soluciones o, al menos, obtener una respuesta en un tiempo razonable y motivada. No se le puede exigir un respeto a un sistema que, al menos en apariencia, no se ajusta a sus necesidades.

A los agentes de la autoridad se les han reducido los emolumentos y se les exige que todos los días se jueguen la vida para realizar un trabajo que luego no produce unos resultados constatables, mientras son atacados y criticados en redes sociales e incluso medios de comunicación.

Que carteristas, maltratadores, corruptos, ladrones, grandes evasores fiscales y otros delincuentes que causan gran alarma social, sigan campando a sus anchas mientras los procedimientos judiciales se dilatan, permite que lo que son casos aislados y minoritarios, en un país de los más seguros del mundo, aparenten ser una situación generalizada que requiere de una intervención no ajustada a derecho de los ciudadanos. Que la norma castigue la reincidencia de las faltas sin prever como se constatará dicha reincidencia (las faltas no generan antecedentes penales), no sólo provoca el hastío de la ciudadanía, sino el de los agentes de la autoridad que detienen a diario a carteristas y otros delincuentes que abandonan las dependencias policiales y judiciales antes que ellos.